Gobierno tilda el juicio político a Lasso de atentado a la democracia
El Gobierno calificó de atentado a la democracia el proceso de juicio político de censura activado en la Asamblea Nacional por la oposición contra el presidente, Guillermo Lasso.
En un comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, el Ejecutivo ecuatoriano señaló que el juicio político tiene "como único objetivo atentar contra la institucionalidad del Estado y la democracia misma".
"Este juicio político no es un acto de fiscalización, sino un intento más de desestabilización de los tantos que ha tenido la Asamblea Nacional en menos de dos años", indicó la Secretaría de Comunicación.
De esta forma, el régimen rechazó la solicitud de juicio político en contra del mandatario al considerar que la demanda "carece totalmente de elementos políticos y jurídicos que permitan sustenta un proceso en contra del mandatario".
El proceso fue activado principalmente con las firmas de asambleístas del correísmo y del Partido Social Cristiano, pero también con rúbricas de algunos parlamentarios de Pachakutik y de la Izquierda Democrática.
La acusación contra el jefe de Estado contempla los presuntos delitos de concusión y peculado (malversación) como supuesto responsable político de una presunta trama de corrupción en empresas públicas en la que aparecen personas cercanas al presidente, entre ellas su cuñado, el empresario Danilo Carrera.
La hipótesis de la oposición es que Lasso supuestamente tuvo conocimiento de este entramado corrupto y que trató de proteger a miembros de esta red, al supuestamente ordenar incluso que se archivase una investigación policial contra uno de sus integrantes que era investigada por presuntos nexos con una red de narcotráfico.
El jefe de Estado ha rechazado enfáticamente las suposiciones de la oposición y ha negado con rotundidad estar detrás de cualquier trama de corrupción o haber ordenado que se ocultase el informe que involucra al empresario Rubén Cherres con una supuesta "mafia albanesa" de narcotraficantes.
La solicitud de juicio político tendrá que ser ahora evaluada por la Corte Constitucional y, si determina que está debidamente fundamentada, la Asamblea, de mayoría opositora, podrá continuar el proceso de censura presidencial, para el que necesitan 92 votos, equivalentes a dos terceras partes de la cámara.
En un comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, el Ejecutivo ecuatoriano señaló que el juicio político tiene "como único objetivo atentar contra la institucionalidad del Estado y la democracia misma".
"Este juicio político no es un acto de fiscalización, sino un intento más de desestabilización de los tantos que ha tenido la Asamblea Nacional en menos de dos años", indicó la Secretaría de Comunicación.
De esta forma, el régimen rechazó la solicitud de juicio político en contra del mandatario al considerar que la demanda "carece totalmente de elementos políticos y jurídicos que permitan sustenta un proceso en contra del mandatario".
El proceso fue activado principalmente con las firmas de asambleístas del correísmo y del Partido Social Cristiano, pero también con rúbricas de algunos parlamentarios de Pachakutik y de la Izquierda Democrática.
La acusación contra el jefe de Estado contempla los presuntos delitos de concusión y peculado (malversación) como supuesto responsable político de una presunta trama de corrupción en empresas públicas en la que aparecen personas cercanas al presidente, entre ellas su cuñado, el empresario Danilo Carrera.
La hipótesis de la oposición es que Lasso supuestamente tuvo conocimiento de este entramado corrupto y que trató de proteger a miembros de esta red, al supuestamente ordenar incluso que se archivase una investigación policial contra uno de sus integrantes que era investigada por presuntos nexos con una red de narcotráfico.
El jefe de Estado ha rechazado enfáticamente las suposiciones de la oposición y ha negado con rotundidad estar detrás de cualquier trama de corrupción o haber ordenado que se ocultase el informe que involucra al empresario Rubén Cherres con una supuesta "mafia albanesa" de narcotraficantes.
La solicitud de juicio político tendrá que ser ahora evaluada por la Corte Constitucional y, si determina que está debidamente fundamentada, la Asamblea, de mayoría opositora, podrá continuar el proceso de censura presidencial, para el que necesitan 92 votos, equivalentes a dos terceras partes de la cámara.
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