CAL calificó a trámite juicio político contra el presidente Lasso

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional, verificó este lunes la validez de solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, y remitió la causa a la Corte Constitucional para que evalué la legalidad de la acusación.

Con el voto de cinco legisladores y la abstención de dos de sus miembros, el CAL calificó el pedido en contra el mandatario, quien es acusado de concusión y malversación en un presunto caso de corrupción en empresas públicas.

El trámite del proceso de censura abierto por la oposición pasará a la Corte Constitucional, organismo que deberá certificar la legalidad, si se ciñe a la Carta Magna, y podrá admitir o no el juicio contra el mandatario.

La Corte tiene un plazo de seis días para emitir un dictamen de "admisibilidad" del proceso remitido que, en caso de ser favorable, dará paso a que el Parlamento continúe con el trámite del juicio político, según señaló el legislador opositor Darwin Pereira.

Remarcó que este es sólo un trámite y que, si incluso el Constitucional diera luz verde al juicio político, la petición aún debe pasar por el filtro de la Comisión de Fiscalización, antes de ir a debate en el pleno del Parlamento.

De su lado, la legisladora oficialista Nathalie Arias hizo notar algunas dudas sobre el trámite del proceso y dijo confiar en que la Corte Constitucional observará el debido proceso.

Según Arias, en el trámite de fiscalización parlamentaria "se debe garantizar el debido proceso de principio a fin", pues lo contrario "puede exponer el proceso a la nulidad" en cualquier momento.

El pedido de juicio contra Lasso fue presentado por grupos de oposición que hacen mayoría en la Asamblea, con base a un informe presentado por una comisión legislativa que investigó el denominado caso "Encuentro" o "Gran Padrino", que involucró a personas cercanas a Lasso y al Gobierno.

Dicha comisión recomendó a la Asamblea que interpele a Lasso por los supuestos actos de corrupción investigados en empresas públicas donde aparecen los empresarios Danilo Carrera, cuñado del presidente, y Rubén Cherres, un hombre cercano al oficialismo que también fue objeto de una investigación policial por su supuesta relación con una red de narcotráfico.

El pedido de juicio político se amparó en los numerales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución, sobre la posibilidad de censura al mandatario por delitos "contra la seguridad del Estado" o por "concusión, cohecho, peculado (malversación) o enriquecimiento ilícito".