Actualmente, la Constitución establece que las acciones de garantías jurisdiccionales deben ser sorteadas entre cualquier juez del lugar en el que se origine el acto u omisión. Con la pregunta del Casillero C se pretende crear judicaturas especializadas en materia constitucional para resolver por ejemplo la acción de protección o el hábeas corpus, que han tenido un incremento exponencial respecto a su uso