Seguridad en Azuay: El debate por la entrega de motocicletas para zonas rurales
La seguridad en Azuay se encuentra en el centro del debate público tras un reciente cruce de declaraciones entre la Prefectura y la Gobernación de la provincia. El punto crítico de la controversia gira en torno a la entrega y administración de 30 motocicletas destinadas a fortalecer los operativos de control en las parroquias rurales, una zona que ha demandado mayor presencia policial en los últimos meses ante el incremento de hechos delictivos.
El origen del conflicto entre la Gobernación y la Prefectura
La gestión de recursos para la seguridad ciudadana requiere de una articulación técnica y legal impecable. En este contexto, el gobernador del Azuay, Xavier Bermúdez, ha salido al paso de las críticas para aclarar la situación administrativa de los vehículos. Bermúdez fue enfático al negar que se haya procedido con una devolución de las motocicletas, desmintiendo versiones que sugerían un estancamiento en la cooperación interinstitucional.
El núcleo del desacuerdo no radica en la voluntad de uso de los vehículos, sino en las condiciones contractuales del comodato. Según la autoridad gubernamental, es imperativo establecer cláusulas claras que garanticen la operatividad de las unidades a mediano y largo plazo, evitando que cambios administrativos o vacíos legales interrumpan el servicio de patrullaje en las zonas más vulnerables de la provincia.
Cláusulas y tiempo de comodato: La propuesta de Xavier Bermúdez
Para asegurar que la inversión en seguridad en Azuay tenga un impacto real, la Gobernación ha solicitado formalmente la revisión del documento de comodato. La propuesta específica de Bermúdez incluye la firma de un nuevo acuerdo que supere los dos años de vigencia. El argumento principal es que un periodo corto no justifica la logística y el mantenimiento que las unidades requieren para operar en terrenos rurales de difícil acceso.
- Transparencia en el uso: Inclusión de cláusulas expresas sobre el mantenimiento preventivo.
- Temporalidad: Garantizar un mínimo de 24 meses de operatividad ininterrumpida.
- Cobertura: Priorización de las juntas parroquiales con mayores índices de inseguridad.
Esta postura busca blindar el recurso técnico para que, independientemente de la coyuntura política, los habitantes del Azuay cuenten con el respaldo de movilidad para la fuerza pública.
El impacto en la seguridad de las zonas rurales del Azuay
Las zonas rurales de Cuenca y el resto de los cantones azuayos presentan desafíos geográficos particulares. La dotación de motocicletas es vista por los líderes comunitarios como una herramienta esencial, ya que permite a los efectivos policiales desplazarse con mayor agilidad por caminos de tercer orden donde las patrullas convencionales tienen dificultades.
La demora en la resolución de este trámite administrativo genera preocupación en la ciudadanía. Mientras las autoridades locales y nacionales definen los términos legales, los planes de vigilancia preventiva se mantienen a la espera de este refuerzo motorizado. La seguridad en Azuay depende, en gran medida, de que la Prefectura y la Gobernación logren un consenso técnico que priorice el bienestar de los azuayos por encima de las discrepancias de gestión.
Finalmente, se espera que en los próximos días se concrete una reunión técnica para pulir los detalles del nuevo convenio. La resolución de este conflicto administrativo será determinante para marcar la hoja de ruta de la seguridad provincial en el inicio de este año.