La reciente aprobación de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía ha generado un intenso debate político y ambiental. El asambleísta oficialista Adrián Castro sostuvo que la licencia ambiental no desaparece, sino que se mantiene bajo la denominación técnica de “autorización administrativa”, en concordancia con el Código del Ambiente. Sin embargo, legisladores como Roque Ordóñez, de la Revolución Ciudadana, advierten que el cambio de nombre y la fijación de plazos específicos podrían debilitar los controles ambientales y agilizar procesos sin las garantías suficientes. El debate se centra en si la reforma moderniza la normativa o reduce los mecanismos de protección ambiental.