La suspensión temporal de la Revolución Ciudadana, en el marco de la investigación del caso “Caja Chica”, desencadenó una ofensiva legal a nivel nacional y evidenció tensiones internas en Azuay. Mientras la dirigencia ratificó que buscará participar en las elecciones de 2027, la ausencia del prefecto Juan Cristóbal Lloret generó críticas dentro del propio movimiento.