En Ecuador, el 85% de los casi 19 mil pacientes renales que necesitan diálisis depende de clínicas privadas, debido a la limitada cobertura del sistema público. Sin embargo, los retrasos en pagos del Estado, que en algunos casos superan un año, ponen en riesgo la continuidad de estos tratamientos. A esto se suma el aumento sostenido de la enfermedad renal, con cerca de 500 nuevos casos por cada millón de habitantes al año, una situación que, según el salubrista Andrés Corral, persiste desde hace una década.