La ausencia de normativa legal limita la intervención de las autoridades ante el funcionamiento de burdeles clandestinos en inmuebles privados de sectores como Totoracocha. Desde la Intendencia del Azuay señalan que la derogatoria de la ordenanza de uso de suelo dejó sin herramientas de control directo a los operativos, por lo que solicitan a los propietarios verificar a quiénes arriendan sus inmuebles mientras se debate una nueva regulación.