La ordenanza que tiene como objetivo prohibir de forma definitiva la actividad de los llamados vigilantes seguros será analizada por el Concejo Cantonal tras dos años de espera. Esta normativa pretende erradicar la exigencia de pagos por parte de franeleros en las calles y retirar a un sector que, según la Comisión de Seguridad, estaría vinculado con hechos delictivos. En un mes y medio se prevé llevar la propuesta a debate, luego de su socialización.