Los cuatro individuos detenidos el 14 de agosto en una compañía minera de Ponce Enríquez, Azuay, han sido puestos en prisión preventiva tras ser identificados por los mineros como sus secuestradores. Los sujetos enfrentan graves acusaciones por el secuestro de trabajadores y podrían enfrentar una pena de hasta siete años de cárcel si son condenados.