El Ministerio de Educación tendrá un plazo de 30 días para intervenir de manera urgente la infraestructura de 22 unidades educativas del cantón, en cumplimiento de una sentencia emitida por un juez constitucional. La resolución judicial es el resultado de meses de gestiones, reclamos y acciones impulsadas por padres de familia, quienes lograron que se garantice el derecho de sus hijos a recibir educación en espacios seguros, adecuados y dignos.