Denuncias de presunta precarización laboral en el servicio de limpieza de la ciudad llegaron a la Asamblea Nacional. Legisladores del oficialismo por Azuay cuestionaron el modelo de contratación vigente, señalando que más del 90% de los obreros estaría bajo esquemas de tercerización. Esta práctica, según la normativa constitucional, no está permitida en actividades consideradas permanentes. Durante la sesión, se expusieron posibles irregularidades en la contratación, mientras que la empresa municipal de aseo defendió la legalidad de los contratos externos, asegurando que cumplen con la normativa vigente.