En Ecuador, cerca del 35% de la población carcelaria permanece en prisión preventiva, es decir, sin una sentencia condenatoria. Un estudio académico y expertos en derecho penal advierten un uso excesivo de esta medida excepcional y alertan sobre riesgos a la presunción de inocencia. En contraste, desde el Legislativo se defiende su aplicación como un mecanismo necesario para evitar la fuga de procesados, ante las limitaciones de las medidas sustitutivas.