Exjuez que liberó a Glas y Salcedo, fue sentenciado a prisión

Un tribunal condenó a un año de prisión al exjuez Banny Molina, quien ordenó la excarcelación de Jorge Glas, exvicepresidente del país durante el mandato presidencial de Rafael Correa, cuando se encontraba suspendido de sus funciones, según informó este jueves la Fiscalía en un comunicado.

El exmagistrado Molina fue considerado culpable por el Tribunal de la Corte Provincial de Manabí del delito de usurpación y simulación de funciones públicas, al señalar que actuó con dolo.

En la audiencia del juicio, el fiscal Roger Pachay expuso que el exjuez emitió las órdenes de excarcelación para Glas y otros dos presos pocas horas después de que fuera citado para un juicio por otro caso y sus funciones quedaran suspendidas.

Entre las principales pruebas presentadas por la Fiscalía están los testimonios de funcionarios del Consejo de la Judicatura que señalaron que 5 de agosto se emitió la resolución en la que Molina era llamado a juicio.

El fiscal del caso destacó que, desde ese mismo instante, no podía actuar como juez, pero siguió despachando.

Por ese motivo, el Consejo de la Judicatura destituyó de su cargo a Molina en diciembre, en base a una "infracción gravísima de error inexcusable en sus actuaciones".

El habeas corpus que Molina concedió en favor de Glas era el segundo en cuatro meses que recibía el exvicepresidente, tras uno inicial otorgado en abril por otro juez que le permitió estar 40 días en libertad hasta que fue revocado por instancias superiores y tuvo que regresar a prisión.

Este segundo habeas corpus también fue anulado rápidamente por la Justicia ecuatoriana sin que llegase a salir de prisión, al negarse el Gobierno a acatar la medida por considerarla irregular ante las condiciones en las que se había dado.

Glas salió nuevamente de prisión en noviembre pasado, gracias a una medida cautelar concedida por un juez para liberarlo mientras se resolvía su petición de unificar las dos condenas en firme que tiene por corrupción, lo que finalmente se produjo en enero de este año.

Su solicitud fue aceptada, por lo que solo deberá cumplir la mayor de ellas, de ocho años de prisión por cohecho en un caso de financiación ilegal del partido oficialista, y podría cumplir el resto de su pena en libertad.

De esta forma, no tendrá que purgar por separado la otra condena, de seis años de cárcel por asociación ilícita en una trama relacionada con el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.