Abogado plantea pedir medidas cautelar a CIDH por detención de Terán

Un abogado que dice representar al detenido presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, anticipó que solicitará medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que su arresto como parte de una gran trama de corrupción es una "venganza política".

Desde los exteriores de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado donde permanecía detenido Terán, el letrado Iván Durazno deseó que la CIDH conceda la medida cautelar "porque tal y como se encuentra el país corre riesgo su vida y la de su familia".

Durazno aseveró presuntas irregularidades en el procedimiento de detención del presidente de la Judicatura, al señalar que no conoce los elementos por los cuales fue aprehendido, si bien reconoció que los delitos vinculados a la detención son los de delincuencia organizada y sicariato.

"Esperamos que en este caso tampoco sea 'influjo psíquico' porque cada quien responde penalmente por lo suyo", señaló el abogado en referencia a la expresión utilizada en la sentencia donde el expresidente Rafael Correa fue inhabilitado y condenado a ocho años de cárcel por cohecho.

"A nivel internacional este caso no es penal ni siquiera constitucional, es 'vendetta' (venganza) política por el concurso de los jueces", añadió Durazno sobre el proceso de selección de nuevos jueces de la Corte Nacional en el que el abogado dijo ser uno de los candidatos y que era objeto de polémica entre Terán y la máxima instancia judicial.

Desde agosto la Corte Nacional de Justicia retiró la confianza a Terán después de que fuese elegido como representante para el Consejo de la Judicatura por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Terán se encuentra entre los 29 detenidos hasta el momento dentro del denominado caso 'Metástasis', una presunta gran trama de corrupción sobre la infiltración del narcotráfico en el aparato judicial, carcelario y policial del país.

En el registro de su domicilio se encontraron 25.000 dólares en efectivo en billetes de 100 y 20 dólares, según reportó la Fiscalía.

Entre los detenidos hay jueces, fiscales y policías que, según la Fiscalía, serían parte de un entramado estructurado por mafias del narcotráfico para ser favorecidos en sus procesos judiciales a cambio de dinero.

Las detenciones se realizaron durante "el operativo más grande de la historia del país contra la corrupción y el narcotráfico", según lo definió la fiscal general, Diana Salazar, al implicar 75 allanamientos de inmuebles, 38 órdenes de detención y unas 900 personas desplegadas entre fiscales y policías en siete provincias del país.

Para Salazar, este caso "es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado, para a través del dinero mal habido operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos".

"Hoy el término de la 'narcopolítica' ha sido evidenciado y ya no es lejano, porque podemos ver cómo las estructuras delincuenciales han permeado las instituciones para conseguir sus objetivos, y con seguridad la respuesta a este operativo será una escalada de violencia", añadió Salazar.