Caso Independencia Judicial: Wilman Terán recibe una segunda orden de prisión preventiva

Más de cincuenta elementos de convicción presentó la Fiscalía General de Estado para formular cargos contra Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura; el vocal Xavier Muñoz y la exvocal Maribel Barreno, como autores directos del delito de obstrucción de la justicia.

También son procesados otros funcionarios de la misma Institución: Andrés J., Marcela V., Carlos G. y Katherine L., en calidad de cómplices.

Al concluir la audiencia, el juez nacional Luis Rivera acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Wilman Terán y Xavier Muñoz, mientras que a los otros cinco procesados les dispuso la prohibición de salida del país, obligación de presentarse periódicamente y el uso del grillete electrónico.

El Juez también ordenó la retención de los valores que mantengan los procesados en cuentas de ahorro y corriente, pólizas e inversiones; y la prohibición de transferir, enajenar o mover bienes muebles que estén a su nombre.

Asimismo, concedió medidas de protección a favor del juez Walter Macías, el fiscal general subrogante (s), Wilson Toainga, y la fiscal Alexandra Zurita, a fin de evitar que el Consejo de la Judicatura ejerza actos de persecución e intimidación en su contra.

En su intervención, el fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, mencionó que en el año 2022 se inició una investigación previa por el delito de tráfico de influencias en contra de los exvocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Maribel Barreno y que posteriormente se solicitó la formulación de cargos ante la Corte Nacional de Justicia.

Luego del sorteo correspondiente, la competencia para tramitar dicha causa recayó en el juez Walter Macías Fernández, quien señaló la audiencia para el 4 de mayo de 2023, pero no se instaló debido a que un día antes (3 de mayo), Maribel Barreno presentó una demanda de recusación en su contra.

Sin embargo, el 11 de mayo de 2023, los integrantes del pleno del Consejo de la Judicatura suspendieron de sus funciones al mencionado Juez, amparados en los informes técnicos y memorandos emitidos por sus subalternos, Andrés J. y Marcela V., a pesar de que –horas antes– la demanda de recusación fue rechazada.

Asimismo, refirió que el 8 de marzo de 2023 se presentó una denuncia administrativa en contra del juez Walter Macías en el marco del denominado caso “Las Torres”, por una supuesta infracción al no haber informado al Presidente de la Corte Nacional la demanda de recusación en contra del juez Adrián Rojas (juez del Tribunal de dicha causa) y la emisión de la sentencia oral cuando se encontraba suspendida la competencia de este último, sin que la sentencia del juicio de recusación se encuentre ejecutoriada.

El Consejo de la Judicatura calificó a esta denuncia administrativa como “infracción gravísima” y destituyó al juez Macías. Esa decisión fue tomada con dos votos favorables de los cinco posibles –correspondientes a los vocales (5) que conforman el Pleno– en una sesión marcada por irregularidades.

La Fiscalía General del Estado reconoce que existen atribuciones propias de cada organismo estatal, pero también advierte que, a pretexto del ejercicio de las mismas, se han usado ilegitimidades evidentes, inventándose pasos o procedimientos no reglados –por lo tanto ilegítimos– para impedir la actuación libre de un juez nacional.