Gobierno envió a la Asamblea ley urgente para recuperar activos de origen ilegal
El Gobierno envió este lunes una ley de trámite urgente a la Asamblea Nacional para la "recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública" que busca, entre otras cosas, mejorar la transparencia y participación en los convenios con el Estado.
La iniciativa legislativa suscrita por el presidente Daniel Noboa, por su carácter de urgencia en materia económica, debe ser debatida por el Legislativo en un plazo de máximo de treinta días.
Según un comunicado difundido por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, el proyecto ofrece propuestas para "facilitar la extinción de dominio de activos de origen ilícito a favor del Estado", así como "desmantelar estructuras financieras de la delincuencia organizada".
La ley también busca evitar la obtención de recursos ilícitos a través de la contratación pública, así como agilizar los trámites en ese campo en casos emergentes.
Puso como ejemplo la coyuntura actual en Ecuador, sometido a una situación de emergencia en el campo de seguridad interna por acciones violentas a escala nacional relacionadas con bandas del crimen organizado transnacional.
El proyecto permitiría "optimizar los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios relacionados a la seguridad, permitiendo garantizar una respuesta estatal efectiva e inmediata", subrayó la fuente.
Las reformas que mejoren la contratación pública "tienen impacto directo no solo en la lucha contra la corrupción, sino además en relación con el ahorro y austeridad en el gasto público para una correcta y eficiente ejecución del recurso público", agregó.
"Es necesario combatir a la delincuencia organizada en todos los espacios donde puedan obtener recursos para sus actividades delictivas", remarcó la Presidencia ecuatoriana.
La iniciativa legislativa suscrita por el presidente Daniel Noboa, por su carácter de urgencia en materia económica, debe ser debatida por el Legislativo en un plazo de máximo de treinta días.
Según un comunicado difundido por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, el proyecto ofrece propuestas para "facilitar la extinción de dominio de activos de origen ilícito a favor del Estado", así como "desmantelar estructuras financieras de la delincuencia organizada".
La ley también busca evitar la obtención de recursos ilícitos a través de la contratación pública, así como agilizar los trámites en ese campo en casos emergentes.
Puso como ejemplo la coyuntura actual en Ecuador, sometido a una situación de emergencia en el campo de seguridad interna por acciones violentas a escala nacional relacionadas con bandas del crimen organizado transnacional.
El proyecto permitiría "optimizar los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios relacionados a la seguridad, permitiendo garantizar una respuesta estatal efectiva e inmediata", subrayó la fuente.
Las reformas que mejoren la contratación pública "tienen impacto directo no solo en la lucha contra la corrupción, sino además en relación con el ahorro y austeridad en el gasto público para una correcta y eficiente ejecución del recurso público", agregó.
"Es necesario combatir a la delincuencia organizada en todos los espacios donde puedan obtener recursos para sus actividades delictivas", remarcó la Presidencia ecuatoriana.
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