El Gobierno desiste preguntar sobre retomar juegos de azar y casinos en plebiscito

El Gobierno anunció este miércoles que desistió incluir en el plebiscito que busca convocar una pregunta sobre la reanudación de los juegos de azar y casinos en el país, como se incluía en un primer bloque de once propuestas de una consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa.

El mandatario en un mensaje difundido por su despacho, ratificó a la Corte Constitucional su intención de llevar a consulta popular al menos diez de esas preguntas sobre seguridad, justicia y empleo.

Sin embargo, ratificó que ha desistido de la pregunta once sobre casinos y juegos de azar, por "considerar que el debate ciudadano relacionado a esta temática no es oportuno en estos momentos".

El desistimiento de Noboa se dio luego de que varios sectores políticos criticaron su propuesta sobre los juegos de azar, ya que dijeron temer de que la vuelta de casinos pueda ser aprovechada por las mafias del narcotráfico para efectuar operaciones de blanqueo de dinero.

El mandatario ratificó las otras preguntas del primer bloque de temas que ha propuesto para la consulta popular y que se orientan en su mayoría permitir al Gobierno "adoptar medidas estructurales para atender problemáticas como la inseguridad".

El debate ciudadano debe concentrarse en "la recuperación de la paz, la lucha contra los grupos terroristas, la consolidación de la institucionalidad del Estado y en la generación de empleo", refirió el gobernante en el escrito difundido por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.

El pasado 3 de enero, Noboa remitió a la Corte Constitucional para su revisión un primer bloque de once preguntas de su consulta popular, con la que intenta que las Fuerzas Armadas intervengan en la lucha contra la delincuencia en el país y apoyen en esa lucha a la Policía.

Una semana después, el 10 de enero, Noboa presentó a la Corte Constitucional un segundo bloque de nueve preguntas para que sean incluidas en su consulta.

El segundo grupo de preguntas se refieren a la extradición de ecuatorianos, la declaración de zonas de interés nacional para erradicar la minería ilegal y hasta una reforma laboral, que ya ha recibido críticas de los sindicatos, entre otros temas.