Ecuador avala que las Fuerzas Armadas se impliquen en el combate al crimen organizado

Las Fuerzas Armadas de Ecuador podrán desplegarse en operaciones junto con la Policía Nacional para combatir al crimen organizado de manera permanente sin la necesidad de que el Gobierno emita una estado de excepción para que autorice realizar esa función.

Así fue aprobado este domingo en el referéndum celebrado a iniciativa del presidente Daniel Noboa, con un conjunto de once preguntas de las cuales obtuvo el respaldo en nueve de ellas, con las que el mandatario pretende reforzar la lucha contra las bandas criminales, mientras que las dos desestimadas se refieren a iniciativas económicas para atraer inversiones y flexibilización de la contratación laboral.

El 'Sí' a la propuesta para que las Fuerzas Armadas actúen contra la delincuencia organizada obtuvo el 73,05 % de los votos.

De este modo, los militares quedarán facultados para intervenir contra el crimen organizado junto con los agentes de policía en cuanto se proclamen oficialmente los resultados, que automáticamente modificarán los artículos de la Constitución que regulan las funciones de las Fuerzas Armadas.

Se volverá así algo rutinario una situación que ya es frecuente, donde en los últimos años se han emitido cerca de una veintena de estados de excepción para desplegar a los militares para recuperar el orden interno, normalmente tras picos de violencia de las bandas criminales.

En el último estado de excepción, emitido a comienzos de año por Noboa, los militares fueron sacados de los cuarteles para tomar el control de las cárceles, consideradas el epicentro de la crisis de violencia, al estar muchas de ellas controladas internamente por las bandas criminales.

La cuestión del rol de las Fuerzas Armadas es una de las nueve preguntas de un total de once donde Noboa obtuvo el respaldo de la población.

Todas las cuestiones en las cuales ganó el 'Sí' implican medidas para enfrentar al crimen organizado. Ahora el presidente Noboa puede desplegar las Fuerzas Armadas para que controlen los accesos a las cárceles, consideradas el epicentro de la crisis de violencia al estar controladas por las bandas criminales, si bien en la actualidad ya es así en virtud de que rige un último estado de excepción.

Los ecuatorianos también aprobaron elevar las penas de delitos relacionados con el crimen organizado y eliminar a su vez los beneficios penitenciarios de varias de estas figuras penales, para que los condenados cumplan íntegramente la pena en prisión.

También fue respaldada en las urnas la tipificación del delito de tenencia y porte de armas de uso exclusivo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y que sea destinado para uso de las fuerzas del orden el armamento incautado a la delincuencia, así como el establecimiento de un mecanismo de expropiación exprés de bienes ilícitos.