Con 77 votos a favor, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la ley económica urgente que establece controles ambientales y destina el 60% de las regalías mineras a obras sociales en gobiernos locales.  La normativa se ratifica entre cuestionamientos sobre el respeto a las consultas populares vigentes que limitan la actividad extractiva en diversos territorios del país.