Autoridades de Pichincha y Azuay expresaron sus críticas al proyecto de ley económico urgente que propone destinar el 70 % del presupuesto de los gobiernos locales a inversión pública. Advierten que la exclusión de los salarios de proyectos sociales dentro de este concepto podría poner en riesgo programas sociales clave para el desarrollo y atención de la población.
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