Contrato de servicios del campo Sacha con empresa de Emiratos Árabes genera críticas y fiscalización

La negociación para la explotación del campo petrolero Sacha con una empresa estatal de Emiratos Árabes abre un nuevo debate sobre el futuro petrolero del país. Mientras el Ejecutivo defiende el acuerdo como un contrato de servicios que contempla un anticipo de 300 millones de dólares y busca duplicar la extracción de crudo, desde la Asamblea Nacional se cuestiona la transparencia del proceso y se anuncia una fiscalización sobre este yacimiento, considerado uno de los más productivos del Ecuador.

El campo Sacha, considerado la joya de la corona de la industria petrolera ecuatoriana, está ubicado en la provincia de Orellana y produce entre 65. 000 y 70. 000 barriles diarios. Según el precio internacional del crudo, genera ingresos estimados de entre 1. 500 y 2. 000 millones de dólares anuales. El acuerdo que lo devolvió al debate público fue suscrito por el Gobierno Nacional con Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), la empresa estatal petrolera de Emiratos Árabes Unidos.

Ante los cuestionamientos sobre las condiciones de la negociación, el presidente Daniel Noboa explicó que la producción del yacimiento pasaría de 70. 000 a 150. 000 barriles por día. «Claro, eso sí, más barato por barril», precisó el mandatario. Añadió que el acuerdo incluye un compromiso de inversión de 4. 855 millones de dólares directos al Ecuador, con una duración de 15 años prorrogables por cinco más.

Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, un asambleísta criticó que la negociación se haya realizado durante el feriado. Según el legislador, ni siquiera se ha informado qué empresas conforman el consorcio, mientras el Gobierno sostiene que se trata apenas de un memorando de entendimiento. También planteó la duda de si los recursos que recibirá el país por esta prestación de servicios serán mayores o menores a los actuales, y advirtió sobre el riesgo de que el campo deje de estar bajo los estándares de la legislación ecuatoriana.

El asambleísta aseguró que la producción petrolera del país ha caído hasta en un 50 % y que, sumado al deterioro de Petroecuador, esto buscaría facilitar la participación privada en la explotación. Recordó que la empresa pública tiene un plan y un cronograma de mantenimiento y mejoras que no se han cumplido por la reducción paulatina de su presupuesto. «¿Por qué el Estado no invierte para que siga siendo nuestra propiedad, que no la concesionemos y que todos esos ingresos queden para el pueblo ecuatoriano?» , cuestionó.

En 2025, el Gobierno ya intentó adjudicar la operación de Sacha al consorcio Sinopetrol, pero el proceso no se concretó. Para el legislador, ese intento se frenó por la protesta ciudadana en defensa del patrimonio, y no por voluntad del Ejecutivo. Sostuvo, además, que entonces se afectó la imagen del campo al afirmar que podía producir más sin asignarle recursos para su mantenimiento.