La propuesta del Ejecutivo de retirar a los municipios la competencia sobre el control del tránsito reabrió un debate a escala nacional.

Mientras el Gobierno sostiene que la administración municipal habría facilitado presuntos hechos de corrupción en varios trámites, expertos advierten que estas atribuciones están claramente definidas en la Constitución y que cualquier modificación requeriría una reforma legal.