El costo de las decisiones administrativas pasadas en el Sindicato de Choferes del Azuay

El cierre del colegio, la quiebra de la cooperativa y los proyectos inconclusos forman parte de las situaciones que ha enfrentado el Sindicato de Choferes Profesionales del Azuay por decisiones de administraciones anteriores, según su actual secretario general. A las puertas de nuevas elecciones, el gremio mantiene asuntos financieros y legales pendientes. Liliana Llanes nos presenta el balance de los problemas heredados y los desafíos que deberá asumir la próxima directiva.

Aunque desde afuera la situación del gremio podría parecer estable, la actual administración encontró, al asumir la gestión en 2022, un déficit acumulado de 2 millones de dólares. Según el secretario general, Patricio Narváez, ese desbalance se arrastraba desde 2017, periodo que coincide con la gestión de Mesías Vicuña, quien ocupó el cargo durante aproximadamente 15 años. Para enfrentar la situación se aplicaron varias medidas de ajuste.

Uno de los casos más complejos es el de la cooperativa de ahorro y crédito que llevaba el mismo nombre del sindicato. Su quiebra dejó al gremio con 220 000 dólares que hasta ahora no ha logrado recuperar. En el caso del colegio, Narváez explicó que funcionaba con 120 estudiantes, cada uno con una pensión mensual de 30 dólares, lo que obligaba a destinar más de 7000 dólares mensuales de los recursos de los socios para sostenerlo. Un censo reveló que solo había un hijo de un socio entre los alumnos. «Los beneficios no iban para los hijos de los socios, sino iban para terceros», señaló el dirigente, quien indicó que hoy el inmueble genera una rentabilidad de 2000 dólares.

Otro frente abierto está en el cantón Santa Isabel, donde la construcción de un complejo turístico comenzó en 2014 y quedó paralizada en 2022. Aunque la Asamblea autorizó la venta de la propiedad, el inmueble lleva cuatro años en el mercado sin encontrar comprador. De acuerdo con Narváez, la administración anterior había acordado la obra en 450 000 dólares, pero el contratista se detuvo al alcanzar ese monto y pidió 50 000 dólares adicionales para concluirla. El proyecto forma parte de una urbanización creada para los socios, aunque, según el dirigente, no son ellos los dueños de los terrenos; un censo determinó que existen 77 lotes.

A estos casos se suman observaciones sobre obras ejecutadas en administraciones anteriores, ya que las auditorías técnicas detectaron presuntos sobreprecios y deficiencias en la fiscalización. Narváez lamentó que el anterior secretario general, sobre quien, a su criterio, recae la responsabilidad, haya fallecido. «Él sería el responsable directo de dar las declaraciones correctas de lo que pasó», afirmó. Mientras tanto, se mantiene un proceso de auditoría en el resto de departamentos del sindicato.