Tras las manifestaciones en Barrial Blanco, Ciudadela Católica y Totoracocha, la Gobernación del Azuay aclaró que la Policía Nacional requiere orden judicial para ingresar a inmuebles catalogados como prostíbulos clandestinos. La autoridad ofreció resguardo a los vecinos amenazados por la delincuencia y señaló la falta de una ordenanza municipal para regular este tipo de establecimientos.