Las autoridades de seguridad ratificaron la legalidad de sus procedimientos tras los cuestionamientos institucionales por la liberación de implicados en presuntos casos de secuestro y extorsión. Esta postura surge luego de que la Corte de Justicia señalara que dichos dictámenes a favor de los detenidos se dieron por supuestas omisiones o fallas en los procesos policiales. Mientras las instituciones cruzan observaciones, desde la Federación de Barrios se han anunciado marchas para exigir acciones concretas ante la inseguridad que afecta al cantón.