Pacientes con insuficiencia renal llegaron hasta los exteriores de la Gobernación del Azuay para exigir al Gobierno el pago de las obligaciones pendientes con las clínicas dializadoras y garantías para la continuidad de sus tratamientos.

Los pacientes aseguran que las deudas, que según denuncian llegan hasta 20 meses, afectan la atención que reciben y advierten sobre el riesgo de que los centros de diálisis enfrenten dificultades para continuar brindando el servicio.