La Ordenanza de Control, derogada hace más de un año por el Concejo Cantonal de Cuenca, vuelve al centro de la discusión. El gobernador del Azuay sostiene que la falta de esta normativa estaría favoreciendo la proliferación de burdeles ilegales. En contraste, ediles señalan que ya existen herramientas legales, como la normativa nacional, el PUGS y el PDOT, que permiten clausurar de inmediato estos establecimientos cuando funcionan en zonas residenciales.