El recrudecimiento de las actividades extractivas ilícitas en el cordón sur del país ha motivado una respuesta contundente por parte del Estado. Desde este domingo, las Fuerzas Armadas del Ecuador han desplegado un operativo de gran magnitud contra la minería ilegal en Sígsig, con el firme objetivo de recuperar el control territorial en sectores que habían sido cooptados por estructuras delictivas. La intervención, que se concentra en los sectores de Infiernillos, Culebrillas y Santa Bárbara, busca no solo neutralizar la infraestructura de explotación minera no autorizada, sino también mitigar el severo impacto ambiental que estas prácticas generan en las fuentes hídricas de la provincia del Azuay.
Intervención militar y tácticas de camuflaje del crimen organizado
La operación en el cantón Sígsig ha revelado la complejidad logística con la que operan los grupos dedicados a la minería ilegal en Sígsig. Según informes de inteligencia militar, los ejecutores de estas actividades han desarrollado métodos sofisticados para evadir la detección aérea y terrestre. Se ha identificado que maquinaria pesada, como retroexcavadoras de gran tonelaje, es ocultada en socavones excavados específicamente para este fin y posteriormente cubierta con vegetación densa de la zona para mimetizarla con el entorno boscoso.
Hasta el momento, los resultados de la incursión militar son significativos. Las tropas han logrado la destrucción de 4 campamentos que servían como base logística para los mineros ilegales, además de la inutilización de 6 dragas, 21 cargas explosivas y 4 generadores de energía de alta capacidad. Durante el despliegue, se reportó un enfrentamiento armado con grupos organizados que custodiaban las zonas de extracción, lo que confirma el vínculo directo entre la minería ilícita y estructuras de delincuencia transnacional que operan con armamento de corto y largo alcance.
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Contexto legal y la lucha por la protección del río Santa Bárbara
La problemática de la minería ilegal en Sígsig no es un fenómeno reciente, pero su escalada en 2026 ha encendido las alarmas en el Gobierno Nacional. La ministra de Gobierno, Natalie Morillo, y el ministro de Defensa realizaron un sobrevuelo técnico para constatar la magnitud del daño en el ecosistema. Una de las mayores preocupaciones radica en la contaminación sistemática del río Santa Bárbara, una arteria hídrica vital para el consumo humano, la agricultura y la biodiversidad de los cantones orientales de Azuay.
La postura estatal es clara: la minería ilegal es considerada hoy una amenaza a la seguridad nacional debido a su capacidad para financiar economías criminales. El uso de mercurio y otras sustancias tóxicas en las riberas del río ha generado un pasivo ambiental que requerirá años de recuperación. Por ello, la intervención no se limitará a la destrucción de maquinaria; las autoridades han anunciado que se mantendrá una presencia militar profesional de manera permanente en los puntos críticos para evitar que los grupos delictivos retornen a las zonas liberadas una vez que las tropas se retiren.
Impacto institucional y coordinación con los gobiernos locales
El impacto de este operativo trasciende la acción militar y se traslada al ámbito de la gobernanza local y el control administrativo. Javier Bermúdez, gobernador del Azuay, ha enfatizado que la lucha contra la minería ilegal en Sígsig requiere un frente común con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Se ha iniciado un proceso de asesoría y apoyo técnico a los municipios de Sígsig, Gualaceo y Chordeleg para la creación y fortalecimiento de ordenanzas municipales que regulen el tránsito de maquinaria pesada.
El objetivo de estas normativas es impedir el ingreso de «camas bajas» que transportan retroexcavadoras sin los permisos correspondientes, bloqueando así la logística de los mineros ilegales. Paralelamente, se ha dispuesto una vigilancia rigurosa a las estaciones de servicio en la zona. Las investigaciones sugieren que grandes volúmenes de combustible destinados a la producción agrícola están siendo desviados para alimentar los generadores y motores utilizados en la minería ilícita, lo cual constituye un delito adicional que será perseguido con operativos de control de hidrocarburos.
Proyecciones: El control del territorio como prioridad estatal
La planificación militar contempla que las unidades del Ejército permanezcan en el territorio, al menos, hasta finales de este mes de enero de 2026. Esta permanencia busca asegurar que los focos de resistencia de los grupos armados sean desarticulados totalmente. La recuperación del cantón Sígsig es vista como un paso fundamental para restablecer el orden público en una región que ha sido históricamente vulnerable debido a su geografía accidentada y la dificultad de acceso.
El éxito de estas operaciones dependerá de la continuidad en las labores de inteligencia y de la capacidad del Estado para ofrecer alternativas de desarrollo sostenible a las comunidades locales, evitando que la economía criminal siga siendo la principal fuente de ingresos en las zonas rurales. La lucha contra la minería ilegal en Sígsig se mantiene como una prioridad en la agenda de seguridad, con la premisa de que no se permitirán concesiones ante mafias que atenten contra el patrimonio natural y la paz de los ciudadanos cuencanos y azuayos.