Radar Electoral alertará al CNE sobre presuntas infracciones de candidatos en Azuay

El colectivo Radar Electoral identificó posibles infracciones de candidatos a la Alcaldía de Cuenca y a la Prefectura del Azuay, entre ellas, la contratación de publicidad digital fuera de los plazos permitidos. La organización también cuestionó el presunto uso de bienes públicos y la entrega de donaciones a una comunidad. Los hallazgos serán puestos en conocimiento del Consejo Nacional Electoral, organismo que deberá determinar si existieron irregularidades.

Desde el 8 de agosto, Radar Electoral examina las publicaciones de los aspirantes en redes sociales. En su revisión, el colectivo identificó 11 pautas del candidato David López. En el caso de Paúl Carrasco, candidato a la Prefectura, encontró un medio de comunicación que difunde contenido con los colores asociados a su apellido y con la etiqueta de «Pagado». Del movimiento ADN, la organización registró 14 pautas de Paolo Carpio, también aspirante a la Prefectura, y seis de Juan Carlos Vega, candidato a la Alcaldía.

El colectivo se basa en el artículo 208 del Código de la Democracia, que no permite contratar publicidad en medios tradicionales ni digitales desde la convocatoria a elecciones hasta el inicio oficial de la campaña. Según explicaron sus integrantes, en este período los candidatos sí pueden visitar barrios, presentar sus proyectos políticos y socializar con la ciudadanía. «Lo que está prohibido por el Código de la Democracia es pautar, es decir, pagar publicidad para que esta se visibilice más a través de las redes sociales», indicó un representante de Radar Electoral.

La organización también cuestiona un video del candidato oficialista a la Alcaldía de Cuenca en el que aparece cabalgando un equino de la Policía Nacional. Para el colectivo, este caso se enmarca en el numeral 15 del artículo 279 de la misma norma, que sanciona a quienes utilicen bienes o recursos públicos. Si el infractor llega al cargo, la autoridad competente declarará su inhabilidad al finalizar el proceso electoral. Las infracciones calificadas como muy graves se castigan con multas de entre 11 y 50 salarios básicos y con la suspensión de los derechos electorales durante un año.

Otra alerta se refiere a una posible campaña anticipada mediante la entrega de plantas potabilizadoras en la parroquia El Valle. El colectivo reconoce que el acceso al agua debe ser oportuno, pero pide aclarar de dónde provinieron los recursos. «Este beneficio no eliminará jamás la obligación de transparentar quién financia los equipos y establecer si la actividad se utilizó efectivamente para un ámbito electoral», afirmó un vocero de la organización.