Asamblea aprueba remoción de autoridades seccionales ausentes por más de 90 días

La remoción definitiva del cargo será la sanción para alcaldes y prefectos que se ausenten de sus funciones por más de 90 días. La normativa aprobada por la Asamblea Nacional busca agilizar los procesos de sucesión en los gobiernos municipales y provinciales, en medio del debate sobre la situación legal de seis alcaldes que permanecen privados de libertad en el país.

La medida también alcanza a los presidentes de juntas parroquiales. Según las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), aprobadas el 6 de noviembre, la remoción procederá cuando la autoridad acumule 90 días de ausencia sin justificación. A partir de ese momento se activarán los mecanismos de sucesión correspondientes.

El asambleísta Sergio Peña, proponente de la reforma, explicó que la iniciativa pretende evitar que los gobiernos locales queden sin dirección y que sus autoridades dejen de cumplir sus funciones por cuestiones personales. Para sustentar su postura, comparó la situación con la del sector privado, donde un trabajador que falta tres días puede ser objeto de un visto bueno. A su criterio, el Estado no persigue lucro sino un fin de servicio. «¿Cómo le sirves a la ciudadanía que te ha elegido para que le sirvas si no tienes la capacidad de ejercer en este caso la gobernanza y la administración?» , cuestionó.

El legislador sostuvo que quien aspire a un cargo de elección popular deberá asumir la obligación de ejercerlo o dar un paso al costado si su salud u otra circunstancia se lo impide, pues los ciudadanos no pueden depender de la buena voluntad de un alcalde o prefecto para que resuelva sus problemas.

Peña precisó que el plazo se contabilizará únicamente cuando no exista un motivo legal que respalde la ausencia, con respeto al derecho a la defensa y a las garantías constitucionales. «No quiere decir que si tú tienes un permiso médico, una licencia sin sueldo o una calamidad doméstica, no se vaya a respetar eso», afirmó. Añadió que estas justificaciones se mantienen en la ley, por lo que, según dijo, no hay regresión de derechos y se preservan la tipicidad y la seguridad jurídica.

Entre los alcaldes que permanecen en prisión figuran Aquiles Álvarez, de Guayaquil; Vicko Villacís, de Esmeraldas, y Darío Macas, de Machala. Peña descartó que la reforma sea una herramienta política y argumentó que, de haber sido ese el propósito, se habría planteado hace meses. Mientras tanto, el alcance de la disposición abre el debate sobre la continuidad de las autoridades locales, las garantías para ejercer sus cargos y las responsabilidades que asumen frente a la ciudadanía.