Asamblea fiscaliza contratos por presuntos conciertos no realizados en Cuenca
Por Redacción Unsion TV · Reportaje: Liliana Llanes ·
La Asamblea Nacional investiga posibles irregularidades en contratos del Municipio de Cuenca relacionados con presuntos conciertos que no se habrían realizado. El asambleísta Adrián Castro presentó nuevos señalamientos, mientras la Comisión de Régimen Económico cuenta con 30 días para elaborar su informe y prevé convocar al contratista vinculado a los procesos. La fiscalización busca esclarecer lo ocurrido y determinar el destino de los recursos públicos.
Los contratos bajo revisión fueron suscritos por el Municipio de Cuenca principalmente durante la administración del alcalde suspendido Cristian Zamora. Adrián Castro, vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, ha difundido la información del caso en tres entregas. El punto de partida es un examen especial de la Contraloría General del Estado, que analizó 10 procesos de contratación ejecutados entre enero de 2021 y diciembre de 2025, por un monto que supera los 1,1 millones de dólares provenientes de fondos de autogestión.
Según el informe de control, en los expedientes se habrían incluido fotografías de eventos anteriores y documentación inconsistente para justificar servicios que no se habrían prestado. Algunos artistas negaron haber participado en las presentaciones registradas. «Yo nunca me presenté en dicho evento. La foto que utilizaron para justificar en el informe en realidad es una foto del evento privado Rodeo Fundación de Cuenca, cuarta edición», afirmó uno de ellos.
La alcaldesa subrogante, Marisol Peñaloza, destacó el papel de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública. Indicó que el control que ejercen los concejales debe reflejarse en sus rendiciones de cuentas anuales. Añadió que da seguimiento a las denuncias ciudadanas que recibe y que la función de los ediles es fiscalizar y legislar.
En declaraciones a este noticiero por vía telemática, el asambleísta Anthony Becerra explicó que la identidad de la persona vinculada a los procesos ya está establecida. La comisión le pedirá información sobre el destino de los fondos, la trazabilidad de los pagos y la auditoría de las firmas que constan en los contratos. «Lo que nosotros queremos saber es en dónde está ese dinero», sostuvo el legislador, quien estimó que el perjuicio bordearía los 4 millones de dólares. Becerra señaló que la fiscalización podría extenderse a otros cantones del nororiente del Azuay y de la región. Para ello, aseguró, recopila documentación sobre presuntos direccionamientos de contratos financiados con recursos transferidos por el Estado y por empresas públicas.
De forma paralela, la justicia ordinaria mantiene abiertas investigaciones penales por presuntos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada. En ese marco, exfuncionarias municipales ya han comparecido para rendir sus declaraciones.