La discrepancia entre autoridades por la liberación de procesados por delitos graves evidencia la necesidad de coordinar acciones en materia de seguridad. Mientras la Gobernación cuestiona las decisiones judiciales, análisis jurídicos señalan que sin procedimientos policiales adecuados y un trabajo conjunto entre Fiscalía, Función Judicial y el GAD, las estrategias no tendrán el impacto esperado.