El anuncio de adelantar a noviembre el pago del décimo tercer sueldo a los servidores públicos genera análisis en los ámbitos jurídico, financiero y político. Desde lo legal, el cambio de fecha no constituiría una infracción electoral; mientras que, en el ámbito económico, se advierte que el uso anticipado de estos recursos podría reducir la liquidez de los hogares para los gastos de diciembre, dependiendo de cómo se administre el dinero. En medio de la contienda electoral, candidaturas de oposición cuestionan el momento de la medida.